La reunión del directorio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) expuso la decisión del Gobierno Nacional de realizar un ajuste importante pero no consiguieron los votos necesarios en este ámbito.

En ese encuentro se acordó una reestructuración que, aunque elimina algunos espacios de la estructura, mantiene los puestos de trabajo; hace algunos meses se vendieron edificios.

Las intensas negociaciones, asambleas y movilizaciones, lograron que el INTA pueda frenar el ajuste que promueve el Gobierno Nacional ya que los funcionarios que responden al presidente Javier Milei en el organismo no pudieron concretar su propuesta y votaron en marcada minoría la propuesta de desmantelamiento, que es difícil de tolerar.

La entidad será reestructurada, pero manteniendo las fuentes de trabajo, aunque no renovará su composición hasta 2026. Los gremios alertaron que "es una estructura similar a la de la década del ‘90, pero ahora con muchas más funciones”. Se trata de un actor clave en el sistema de ciencia y tecnología, y el fomento público-privado que, esta vez, se salvó.

Explicación de Apinta

El secretario general de la Asociación del Personal de INTA (Apinta), Mario Romero, informó que “el jueves a la mañana la idea del Gobierno era prácticamente desmantelar el INTA, ya que pretendía eliminar todas las agencias, poner en disponibilidad a 1500 trabajadores y tener una dotación de 4500 empleados”, Se terminó avalando una propuesta de reestructuración que implica cambios en el organismo, pero sin pérdida de puestos de trabajo. La "Propuesta integral de adecuación y fortalecimiento de los recursos humanos” fue elaborada por la Dirección Nacional, que encabeza Ariel Pereda y reúne a los directores de las Estaciones Experimentales de INTA, pero fue votada por mayoría 7 a 3 por el Consejo Directivo de INTA que es el órgano que decide: los 3 votos en contra fueron del presidente, Nicolás Bronzovich, la vicepresidenta, María Beatriz Giraudo, y un vocal; mientras a favor votaron los demás integrantes que son representantes del sector privado (como la Federación Agraria, la CRA, CREA, SRA y Coninagro) y de las universidades.

Los representantes del Gobierno Nacional fueron los únicos que creyeron que la disolución del INTA traería beneficios. El organismo es una pieza clave del sistema nacional de ciencia y tecnología, que apoya a pequeños y grandes productores para mejorar la actividad agrícola, ganadera y agroindustrial de manera sostenible. “Sus integrantes son investigadores de amplia trayectoria, los cargos se concursan, pero el Gobierno puso a sus funcionarios a dedo. El presidente y la vicepresidenta son de Aapresid (la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), o sea de una corporación, mientras que históricamente eran personas del INTA”, describe Julieta Boedo, delegada de ATE y miembro de la Coordinación Nacional de ATE-INTA. Los gremios se movilizaron el jueves a la sede central en Capital Federal que fue rodeada por un intenso cordón policial.

Asambleas en el territorio

Además, se realizaron asambleas en las Estaciones Experimentales en todo el país. “El cuestionamiento a la conducción del INTA fue tal que acordaron el 7 de marzo la renuncia de los cuatro asesores del presidente, que habían entrado por la ventana y son personas muy poco capacitadas para dialogar con cualquier investigador del instituto”, agrega Romero. La propuesta, elaborada por los directores y trabajadores, que finalmente se aprobó implica conservar los puestos de trabajo, con reubicaciones, y una reestructuración: se disuelve la “unidad de consultoría” el 7 de marzo, la cantidad de Direcciones Nacionales Asistentes se reducirá de 10 a un total de 7, cierra la Estación Experimental del AMBA y sus 9 agencias de extensión, cuyo personal será reubicado, y se redefine el Instituto Para la Agricultura Familiar (IPAF) que pasará a denominarse “Producciones Regionales y de Pequeña Escala.

Al igual que en otras dependencias, lo que el Gobierno acordó es la no modificación del personal a partir de las jubilaciones, fallecimientos, renuncias, etc. Así se llegará de una dotación actual de 6.123 empleados a 5.560 en el 2026, según estimaciones de la Propuesta de adecuación.