El diputado provincial Livio Gutiérrez pretende involucrar a la población en la separación de los residuos reciclables y, para ello, presentó el proyecto de Ley Nº 1186/21 que incluye la posibilidad de generar trabajo genuino a través de centros de acopio, clasificación y procesamiento de los mismos.

Los municipios que adhieran a la norma y con el financiamiento de la autoridad de aplicación podrán establecer centros de reciclado que estarán a cargo de cooperativas de trabajo.

Indica además que debería considerarse al proyecto como complementario a la Ley 2028-R, sobre gestión de Residuos Sólidos Urbanos ya que tuvo el propósito de crear centros de gestión de residuos en forma integral en los municipios, teniendo entre sus prioridades la clasificación y separación de los residuos reciclables.

El legislador expresó sobre esto que “distintos factores contribuyeron a que no todos los municipios hayan adherido a esa Ley, o la falta de creación de una empresa pública que coordinara la gestión, por decisión del Poder Ejecutivo Provincial al momento de reglamentarla y es por eso que se plantea ahora la derogación lisa y llana del Capítulo IV de la Ley 2028-R”.

El proyecto prevé una gestión de residuos reciclables alternativa a los GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), mediante cooperativas de trabajo, contribuyendo a diversos objetivos de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable), como producción y consumo responsable, reduciendo considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización; trabajo decente y crecimiento económico, institucionalizando la actividad de los hoy recicladores o “carreros” mediante cooperativas de trabajo, y retirándolos de los peligros que implica realizar la actividad en forma deambulante; y reducción de la pobreza.

Separación de residuos

El proyecto impulsa la concientización de la población respecto de la separación de los residuos, mediante un sistema de recompensa. A mayor compromiso, mayor será el crédito que las personas tendrán para descontar de sus impuestos. Dado que los particulares o empresas que entreguen residuos a los centros de reciclado recibirán créditos en función del volumen y tipo de material reciclable que entreguen. Dichos créditos podrán ser utilizados por los beneficiarios para el pago de tasas de servicios, tasas de barrido y limpieza, o similares, que cobre el municipio en el que están radicados, por la recolección de residuos sólidos urbanos.

“La adhesión de los municipios al programa es voluntaria, pero tiene beneficios para los mismos, dado que permitiría reducir los volúmenes de residuos urbanos por un lado, y la posible merma de recaudación que podría tener por los créditos otorgados a los beneficiarios, quedaría más que compensado con los montos que recibiría por parte de las cooperativas por el material vendido o industrializado” finalizó Gutiérrez.                                                                                      

El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, determinará el método que se utilizará para asignar cuentas individuales de créditos a los beneficiarios, ya sea a través de tarjetas magnéticas recargables, o cualquier otro método de similar practicidad a instantaneidad. Asimismo, podrá determinar un mecanismo compensador entre municipios, en los casos de beneficiarios que tengan domicilio en más de un municipio, y utilicen el crédito sólo en uno de los mismos.

La autoridad de aplicación sería el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Social, creado por Ley 3335-I.